LA RESPONSABILIDAD DE LA SUBCONTRATACION MIGRATORIA

Ya hace algunos años que Europa, y España en particular, vienen adoptando una estrategia, sólo en algunas ocasiones explícita – las más, oculta vergonzantemente tras eufemismos varios – consistente “subcontratar” el trabajo sucio del control migratorio en manos de terceros países, no tan exigentes en su tradición y legislación con el respeto a los derechos humanos. Ya en fecha tan lejana como 1992 se firmó un acuerdo con Marruecos que ha demostrado no ser sino un instrumento del país Alahuí para manejarnos a su antojo. Pero ha habido precedentes sin cuento en la política europea durante todo ese tiempo que no permiten que nos enorgullezcamos, ni como europeos, ni como modelo de gestión. En el 2015 la UE en pleno – aunque reunida en un subterfugio de organismo inexistente para evitar el control del Derecho — pagó píngües cantidades al aliado turco para contener a los refugiados sirios y afganos; Italia y otros países rivereños pagan a unos irreconocibles poderes libios para sostener, al precio que sea, la barrera en ese país; Reino Unido intenta expulsar a sus refugiados a terceros países, siguiendo el modelo incivil e incivilizado de Australia, que los deporta a islas…

Pero si uno quiere librarse de hacer la tabiquería de un edificio y para ello paga a otro que le promete hacerlo bueno, bonito y barato, luego no puede extrañarse de que obreros sin seguridad, formación, contratos legales, se caigan de los andamios.

Hoy asistimos al triste precio de esta política de subcontratación, y en nuestro país nos percatamos de las consecuencias de entregarnos a socios tan poco fiables en materia de derechos humanos como Marruecos en esta materia. Ahora no ha sido una maniobra de Mohamed V para presionarnos, no. En esta ocasión los subcontratados seguramente han hecho su trabajo con celo y entrega, incluso preocupados por que el pagador quedara contento. Y de los métodos utilizados por la policía del país vecino quedan como testigos mudos pero elocuentes 18 cadáveres de hombres jóvenes, fuertes, cuyos cuerpos quedarán además a estudio de unas instituciones judiciales carentes de independencia con nula seguridad de que saquen a la luz ni tan siquiera una aclaración creíble de lo ocurrido. Se nos dice ya que se han aplastado unos a otros en una vaguada. Ojalá pudiera creerlo, pero dadas las circunstancias, no puedo.

Todo acaba siendo consecuencia de lo mismo, y todo, al final, conduce a una única responsabilidad. Compartida, si, con otros muchos, pero principal, del artífice y sostén de esa política, que ya nos intentó engañar antes con la retirada de las concertinas… para pagar al vecino para que las colocara él, con nuestro dinero, al otro lado de la frontera. El ministro del Interior, Grande Marlaska, saldrá a la palestra a decir que él no tiene nada que ver con lo ocurrido; para tranquilizar las preocupaciones de unos nos explicará que los distintos sobornos hispánicos (Sahara incluido) siguen funcionando y que si han pasado unos cuantos no ha sido por no impedírseles; que también hay heridos entre las fuerzas policiales (así, a mogollón, como si fuera igual un moratón que perder un ojo o una pierna) y para tranquilizar a las conciencias dirá que todo ha sido una terrible desgracia accidental, pero que responsabilidad por nuestra parte, ninguna.

Y de nuevo ojalá pudiéramos creerle, pero dadas las circunstancias, perverso inocente será quien lo haga.

Francisco SOLANS PUYUELO. Secretario Portavoz de Extranjeristas en Red

QUERIDOS AMIGOS:

QUERIDOS AMIGOS:

Durante siete años de mi vida, los iniciales de mi vida laboral, me entregué en cuerpo y alma a defender los derechos de los inmigrantes desde un sindicato, CCOO, al que siempre agradecí algo que pocos han valorado.

Los sindicatos y la inmigración se enfrentaron, allá por los primeros 90, a un dilema entre entender que los inmigrantes son unos trabajadores más, y como tales merecen ser defendidos y protegidos en su derecho a la igualdad, o entender que puedan ser una amenaza al derecho del resto de trabajadores pues sean utilizados para un dumping social y amenazar con ellos los derechos de los trabajadores.

Ese dilema se puede traducir en otros muchos, y sólo mencionaré que es reproducción entre principios y pragmatismo, entre largoplacismo y cortoplacismo.

Cuando comencé a trabajar en CCOO no sólo vi que el sindicato resolvía con determinación y fuerza su dilema en el sentido correcto – no insultaré al lector señalando cuál sea – sino que en tiempos en que la unidad de acción sindical era una apuesta nueva, muy rentable para el movimiento, y aun poco consolidada, consiguió arrastrar consigo a una aún dubitativa UGT.

Los  sindicatos, así, se sumaron e incluso lideraron un consenso de la sociedad civil en torno a la idea de la defensa de los derechos de los inmigrantes, que por ser extranjeros han sido y son víctimas de su falta de derecho al voto y de la demagogia repulsiva del más rastrero populismo de la extrema derecha. Tanto marcó la diferencia este debate que en muchos momentos fue el fiel de la balanza entre las dos sensibilidades de esa abigarrada familia que es la derecha española, pero eso es para otro día.

Toda esta reflexión – los que me conocen saben que me autoparodio como abuelo cebolleta y que no se explicar la realidad sin contar las batallas que han jalonado su historia más cercana—viene a cuento por la reacción que mis queridos amigos de los sindicatos han tenido a la apertura a audiencia pública del borrador de nuevo reglamento de extranjería.

A Extranjeristas en Red – entidad en la que me muevo y represento – también nos hubiera gustado recibir antes el borrador, pero de ahí a acusar de romper el consenso social al gobierno por habérselo facilitado al mismo tiempo que al resto de los mortales me parece detectar un complejo de prima donna que se deberían hacer mirar. Los procedimientos son normas, y que se cumplan, nunca es motivo de sentirse ofendido, y aquí se ha cumplido.

Más me preocupa la acusación a la reforma, a su fondo, de ser clasista, porque me parece que no sólo devuelve a mis amigos sindicalistas a aquellos tiempos en que algunos de ellos no tenían clara la solución del dilema, sino que además rompe el consenso con la sociedad civil a la que me gustaría pensar que siguen perteneciendo.

Tampoco ignoraremos que la personalidad del Ministro que ha anunciado la reforma no es del agrado de muchos, por muy diversas y distintas razones que es justo no mezclar, aunque los arcanos de la alta política son como son. Lo que no cabe reprocharle a Escribá es que desde el primer día anunció sus intenciones de reformar un sistema que con todo acierto ha calificado siempre de excesivamente burocrático e injusto, y justo es reconocérselo por mi parte, poco acostumbrado a elogiar a poderosos de cualquier estrato.

A falta de una lectura sosegada y en profundidad del borrador, se aprecian en el mismo líneas muy positivas y favorables, y eso debe ser saludado. Llevamos tiempo reclamando una regularización necesaria – algo en lo que ya mis queridos amigos sindicales se apartaron del consenso social –, lo que se nos ha negado, por lo que ampliar y desburocratizar los supuestos bien está. Llevamos tiempo criticando una política injusta y estúpida de inmigración – Gonzalo Fanjul dixit, y me sumo a ese resumen – por lo que cualquier avance en la dirección contraria debe ser aplaudido.

Comienza ahora un debate y una audiencia pública en la que no es bueno tomar posiciones preliminares. Lo dicho, estudiemos en profundidad,– nosotros nos vamos a tomar un tiempo para hacer análisis– hagamos las críticas y aportaciones fundadas y en detalle, y sobre todo, mantengamos la coherencia.

Hipólito

El lenguaje, esa especie de trama multidimensional en la que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, a veces es limitado y frustrante. Es por eso que nacen las largas peroratas para explicar lo más simple, o simplemente nace la poesía para romper esos límites.

Hipólito era mi amigo. Pero no sólo. Y así lo ha entendido tanta gente que me ha llamado para darme el pésame como si fuera un pariente cercano, y a los que tanto se lo agradezco. Pero no era un pariente. Era alguien con quien había construido una sintonía durante años, en torno a unas ideas comunes, o – como a él le gustaba decir – por “beber de las mismas fuentes”. Apenas recuerdo alguna vez que no estuviéramos de acuerdo. Incluso llegó a preocuparme. ¿Sintonía es la palabra?. Una metáfora musical resulta adecuada, si, pero es eso, una metáfora, pues era también algo más.

Andrés, Alfredo e Hipólito

Soy consciente de ser bastante torpe en la identificación de tipologías humanas – la vida me ha dado unas cuantas tortas en forma de errores garrafales – y ello me ha hecho no confiar en las primeras impresiones. Y cuando Hipólito se acercaba a las actividades y reuniones de la Sección de Extranjería ejercí mi torpeza desconfiando de él. Nunca se lo confesé, pero fue otro error, aunque en el sentido contrario, pues su generosidad sin límite, su esfuerzo, su trabajo, su conocimiento, vencieron cualquier obstáculo que mi torpeza pusiera. Pero sobre todo su convicción y demostración práctica de que en esto no estamos ni por dinero, ni por prestigio, ni por poder, ni por nada de eso que el mundo aprecia. Por ese otro motivo quizá que bebimos de aquellas mismas fuentes y que quizá tan poca gente entiende, porque al fin y al cabo no es de este mundo. A ver cómo, si no, se le puede explicar a alguien — como tan certeramente resumía — que el derecho de extranjería tiene tres patas: derechos humanos, derechos humanos y derechos humanos.

A esa incomprensión también nos enfrentamos juntos, y la eludimos quizá con una de las pocas cosas que nos diferenciaba y por la que tanto le envidié: frente a mi rabia de profeta lleno de divina ira, frente al aragonés arrebato de conciencia, Hipólito me aplacaba: “se llega más lejos con una sonrisa que con la punta de la espada”. Y con su sonrisa me desarmaba, y con su sonrisa llegaba lejos, muy lejos.

El tiempo ahora se nos abre como una oportunidad de celebrar su vida, de darle gracias a la vida por él, de recordarle entre amigos, de echarle de menos en cada encuentro, cada vez que una sentencia o una nueva norma nos interpele a afilar nuestro espíritu crítico para analizar cómo veladamente perjudica los derechos humanos de aquellos que menos derechos tienen, a rebuscar soluciones y estrategias alternativas para seguir defendiéndoles. Y aunque otros espero que irán llenando esos vacíos que dejan, en nuestro hálito quedará una especie de sombra que ninguna luz apague, porque es una sombra con nombre propio.

Con el decano del Colegio de Lleida, en nuestros bolos juntos

Desde ayer me repito que entro en una edad en que esto será cada vez más frecuente, que el mejor homenaje que puedo hacerle es seguir luchando – porque este trabajo es una lucha, sin metáfora alguna, nadie se llame a engaño – por lo que ambos creímos y contribuimos a construir juntos, pero este lunes de mañana me despertó un hachazo invisible, un golpe helado, un empujón brutal me derribó y me dejó tendido y sin poderme levantar aun.

Aunque lo haré, me levantaré de nuevo. Y lo haré, sobre todo, porque se lo debo.

Al fondo, en un encuentro de extranjeristas. Los tres mosqueteros: Hipólito, Vladimir, y yo juntos.

POLIZONES, otra vez. Más que nada por molestar y ser inoportuno.

Leo en un periódico https://www.elmundo.es/espana/2022/02/17/620e9b4efdddff544a8b4579.html que un inmigrante africano que se dedica a la marina de pesca ha sido uno de los supervivientes del trágico naufragio del Villa de Pitanxo, que ocupa por tanto un puesto de trabajo poco solicitado, en el que casi pierde la vida, y que llegó a nuestro país, tiempo ha, como polizón de un barco mucho mayor de ese en el que ahora trabaja, subido durante 11 dias al timón. Y me ha dolido la muerte de esos pescadores que le acompañaban, pero no puedo evitar que al leer su historia lo primero que me venga a la mente es esa espina que tengo clavada, y no consigo sacarme, esa batalla aún por ganar ( https://pacosolans.wordpress.com/2016/01/25/la-batalla-de-los-polizones-i/ https://pacosolans.wordpress.com/2016/02/08/la-batalla-de-los-polizones-y-ii/ ). en la que esconden a un tipo de inmigrantes que a nivel de derechos suponen la última escala, la hez, la escoria, los no personas, los inexistentes, los ocultos, los incontables por innombrables. Los que llegan y siguen llegando – lo sé, no los veo, no oigo sobre ellos, pero están ahí – como polizones escondidos en barcos que atracan en sus países para recoger las mercancías que sus ricos y empobrecidos países – no, no es contradictorio – vomitan para nuestro consumo y bienestar.

A veces agitan un titular de prensa, se les pone un nombre genérico: el irregular, el ilegal, el polizón, el clandestino, que al menos es un nombre, porque consiguen hacerse ver. Unas veces con una huida de película a través de los muelles, otras entregando sus cadáveres a la vista de un sorprendido portuario que estaba descargando el barco. Pero nada más.

La razón de ese silencio ignominioso es la espina a la que me refiero. Según una peculiar interpretación que nadie se atreve a rebatir, no tienen derechos, no son nada. Si llegan en un barco de bandera x no han salido del país x, luego no pueden pedir derechos como territorio español; la policía sube al barco a hacer su inspección, pero no tienen derecho a abogado independiente, y mucho menos parcial a su favor, y la frase que les daría algún derecho “quiero entrar en España” curiosamente nadie la oye nunca; nadie les informa ni les asesora, la compañía naviera clama por que le dejen descargar rápido y seguir viaje – mucho dinero se paga por un atraque por horas para que éste sea prolongado por estas nimiedades –, en el próximo puerto quizá haya más suerte. Se supone que, aunque estén encerrados en un camarote – con suerte – no están detenidos, ni tan siquiera están en España para que se les apliquen nuestras leyes – según conveniencia interpretativa, claro – y para las autoridades son un problema. Lean aquí la palabra problema como si estuviera escrita en letras grandes y negras intentando tapar otra palabra escrita con lápiz tenue y trazo tembloroso: persona.

Una instrucción escrita de la policía –y que el Defensor del Pueblo ya se ha hartado de pedir que se revise y se incluya el derecho de asistencia jurídica gratuita– indica que en estos casos en que se localiza un polizón a bordo la obligación de la naviera es avisar el próximo puerto y si éste es español la policía subirá a una inspección rutinaria de la que no tiene por qué informar a nadie, y cuyo resultado se refleja en un acta que nadie pide leer, en la que firma una serie de gente nada sospechosa de estar libre de intereses en el asunto, y que termina siempre con el siguiente exabrupto inverosimil: “si desea añadir algo más: nada.”

No sabemos, por tanto, cuántos son, quiénes son, de dónde vienen. Sabemos que están porque en contadísimas ocasiones consiguieron llamar la atención y que un abogado atento, un militante social, reivindicó con éxito que se le escuchara. Así fue con nuestro amigo mencionado al principio, pero del resto sabemos muy poco, ni tan siquiera si llegaron a otro puerto, o no llegaron. Ahora que nos damos cuenta — ¡oh, qué sorpresa! ¡¿pero cómo?, si nos lo decían con tanta convicción! ¡y tan serios, estos señores tan serios y tan formales a los que pagamos para que nos cuiden!– de que era simplemente mentira aquello de que no podemos, de que no cabemos todos, de que son un peligro, de que las fronteras, y los puestos de trabajo, y los servicios sociales y toda la parafernalia, ahora que acogemos – ¡por fin y espero que sin fin!– con los brazos abiertos a unos hermanos desarbolados por la avaricia ajena y la agresión, me acuerdo yo, mira por dónde, de estos pobres a los que ayer mismo, mañana, pasado, no sé, les tratamos con mayor desprecio que a la nada de los nadies

LA NECESIDAD DE RESPUESTAS COORDINADAS NO EMPECE LAS INMEDIATAS

ACOJAMOS A LOS QUE HUYEN DE UCRANIA, PERO NO OLVIDEMOS A LOS QUE YA ESTÁN AQUÍ

El ataque, esta madrugada, de fuerzas rusas a territorio ucraniano, da comienzo a una situación impredecible en términos generales, pero de la que sí pueden entreverse algunas consecuencias inmediatas a las que el resto de países europeos deberán responder y la primera de ellas es un flujo de refugiados impredecible sólo en sus dimensiones.

Una vez más, esa respuesta puede ser la del cierre egoísta, la autoprotección absurda frente a quién sólo busca una seguridad que le ha sido arrebatada, o la solidaridad, no como una manifestación de bondad, sino una obligación civilizada frente a la barbarie.

Queremos hacer un doble llamamiento ante la situación. La primera parte es necesaria por cuanto entendemos que no concita en estos momentos ninguna atención. La segunda es obvia, pero nunca inoportuna. La guerra que se avecina generará, genera ya, una demanda de refugio que debe ser escuchada y atendida.

Tenemos ya delante de nosotros una necesidad urgentes, a la que debe darse una respuesta inmediata.

En nuestro país, a día de hoy, hay un número elevado de ciudadanos ucranianos – y muchos rusos y bielorusos que se mostrarán críticos con la intervención de sus paises – que se van a encontrar en situaciones dramáticas: muchos están en situación irregular, amenazados por una expulsión ahora imposible o incluso con la expulsión ya dictada; otros con permisos precarios, sometidos a renovaciones inciertas; estudiantes amparados en tarjetas temporales; menores acogidos en régimen asimismo temporal, y un largo etcétera de una casuística retorcida fruto de unas leyes hechas para el rechazo.

La respuesta a estas personas de que pueden acogerse a la Ley de Protección Internacional y solicitar sus beneficios, en estos momentos sería un ejercicio de cinismo lamentable: los mecanismos para petición de protección internacional están sometidos a unas estructuras alambicadas e inabarcables: es necesaria la petición de cita previa que casi nunca es accesible, que cuando por fortuna se alcanza conceden la cita para fechas escandalosas por su retraso, en comisarías de escenario para nada acogedor, y con un procedimiento más pensado en cuidarnos de un posible abuso que en cuidar de dar cobertura a un derecho que hoy se presente urgente y necesario.

La experiencia que supuso la entrada de miles de venezolanos, a los que se sometió a una burocracia intolerable hasta que la Audiencia Nacional les dio una respuesta mínimamente razonable, no debe volver a repetirse.

El Ministerio de Migraciones y el de Interior, además del de Asuntos Sociales y las comunidades autónomas, deben tomar de inmediato medidas para impedirlo, y como sugerencia no exhaustiva, apuntamos algunas:

                          .- La inmediata suspensión de apertura de expedientes de expulsión a ciudadanos ucranianos, rusos y bielorusos, la suspensión de los ya iniciados, y la consecuente liberación de los que puedan encontrarse en centros de internamiento a la espera de una expulsión que no se va a producir.

                          .- La apertura para ciudadanos de estos países de canales ágiles de presentación de solicitudes de protección internacional por vía telemática o en cualquier registro público accesible, con instrucciones públicas de que esta presentación es plenamente generadora de derechos, a la espera de que la misma pueda ser formalizada mediante la entrevista personal ante la policía. La falta de disposición de personal no puede ser excusa para dilatar en el tiempo – ni mediante el cierre de citas previas ni por cualquier otro medio — la presentación de solicitudes y el nacimiento de los derechos que les son anejos.

Tras estas medidas urgentes, nos sumamos a la obviedad: A los flujos de refugiados que a buen seguro se agolparán a las puertas de Europa no se les puede repetir la vergonzosa respuesta que se dio a los refugiados sirios en 2015, sobornando a otro país para que se los quedara, mientras nos desentendíamos. Confiamos en que en esta ocasión se coordine una respuesta europea abierta y generosa de concesión del derecho de asilo a quienes legítimamente van a huir de una situación trágica, y que se organice un reparto proporcionado entre todos los países de Europa. España –lejana al foco de la tragedia — puede dar ejemplo de que está dispuesta a aceptar lo que en otros momentos – cuando lo ha tenido a su puerta — ha reclamado al resto de países.

Francisco SOLANS PUYUELO

Secretario portavoz de Extranjeristas en Red

COMENTARIO A LA INSTRUCCIÓN SOBRE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE MIGRACIONES

El 25 de noviembre se consolida como fecha reivindicativa y de recuerdo de las víctimas de violencia, y ha sido la fecha elegida por la Secretaría de Estado de Migraciones para hacer pública su Instrucción sobre tratamiento de casos de permisos de residencia a extranjeras víctimas de violencia doméstica. 

En resumen, se recuerda que ante una víctima de maltrato, la obligación de los poderes públicos, sometidos a la Ley, es siempre la de proteger a la víctima, y la de conducir la necesaria interpretación de esa ley de forma acorde con ese principio y con el de hacerlo siempre de la forma más favorable a los derechos fundamentales de la persona, esté regular, irregular, sea europea, extranjera o nacional. Es decir, una mera y sencilla obviedad. 

La Instrucción debe ser saludada, primero por necesaria, y segundo por adecuada en su línea interpretativa. Pero estos dos extremos nos deben llevar a una reflexión y a un llamamiento, ambos también necesarios y convenientes. 

La reflexión es que cuando es necesario recordar o incluso imponer la obviedad o lo elemental, es que existe un problema de fondo que probablemente sea más grave, y más urgente abordar, que el que aparece en la superficie (lo cual no quiere decir que sea superficial). La instrucción impone a los jefes de las Oficinas de Extranjería y Subdelegados del Gobierno, competentes en instruir y dictar las resoluciones de extranjería algo que de tan elemental, resulta escandaloso pensar que se pudiera estar produciendo lo contrario. Pero es que así estaba siendo. 

A sensu contrario, la instrucción reconoce que algunas Oficinas de Extranjería imponían una interpretación ultrarrestrictiva, literalista y claramente reprobable a casos con los que nuestra sociedad – con la ruidosa excepción de unos cuantos energúmenos que se empeñan en negar la evidencia – se está volcando para ofrecerles su solidaridad, como son las víctimas de violencia doméstica, dejando a estas mujeres fuera de cualquier protección, bajo la excusa de una impresentable interpretación carente de todo rigor. Decir que la Ley prohíbe aplicar fórmulas de regularización a quien ya está regular es radicalmente falso y contrario a los más elementales principios jurídicos.

¿Qué está pasando en las Oficinas de Extranjería y en las Comisarías para que sean necesarias instrucciones como la que tenemos delante? Quizá sea momento de plantearse si existe, y combatir la infiltración de ciertas corrientes ideológicas caracterizadas por su xenofobia en el corazón mismo de los centros de gestión de la inmigración por parte del estado. Ese es el llamamiento, tan necesario como urgente, que debemos hacer. 

Francisco Solans Puyuelo. Secretario Portavoz Extranjeristas en Red

HISTERIA


Dos acontecimientos han marcado la agenda sobre migraciones de esta pasada semana, y ambos nos sirven para ilustrar uno de los vicios mayores en la respuesta europea en general, y española en particular, a todos los fenómenos que tienen que ver con la llegada de personas desde el exterior: la histeria.


La “pérdida de los nervios” ante acontecimientos menores, la desproporción en la respuesta, acompañada de una representación exagerada llega de gritos y alharacas, denota no sólo la falta de racionalidad, sino la existencia de un pánico preexistente – procedente quién sabe si de traumas infantiles u otros oscuros episodios inconfesables — incapaz de someterse a la calma y tranquilidad imprescindibles para afrontar cualquier situación sin dar una imagen de autodescontrol psicológico propio de una inmadurez sólo perdonable en niños y enfermos.


La llegada de un avión al aeropuerto de Palma de Mallorca con un supuesto enfermo que forzó el aterrizaje no previsto hizo que – de forma preparada o improvisada, qué más da – se escaparan del avión unas dos docenas de pasajeros, además del supuesto enfermo y su acompañante. Una veintena, dicen los medios.
Lukaschenko – personaje poco recomendable donde los haya – emulando a nuestro vecino Mohamed VI que ya había ensayado la fórmula en Ceuta, cabreado por haberle dejado ver nuestro desacuerdo con su forma de hacer las cosas, pretende hacerle pupa a Polonia y a la UE concentrando a 1000 inmigrantes de Oriente Medio en la frontera. Mil inmigrantes a la puerta de una Europa de 500 millones de personas.


Si vemos ambos sucesos desde una perspectiva racional y comedida, no parece que nada de esto pase de lo anecdótico, ni merezca más de un breve curioso en los periódicos. Sin embargo la respuesta histérica se ha encargado de convertir simples sucesos en acontecimientos de primera plana. Ojalá Billy Wilder pudiera verlo.


En Palma la policía se vuelve loca, monta un operativo absolutamente desproporcionado, pensando sin duda que se le han colado 20 terroristas cargados de armas de destrucción masiva que habían conseguido colar por los controles mediante argucias propias de villano de película, cierran el aeropuerto durante tres horas, afectan el tráfico aéreo de toda Europa, consiguen pillar a unos pocos y los llevan al juez, el cual les acusa, nada más y nada menos, que de sedición. Repasamos el tipo penal más leve de la misma y encontramos que el mismo requiere un “alzamiento”. Recordemos otros “alzamientos”: el 18 de julio de amarga memoria, el 23-F o el más reciente, según el Supremo, la convocatoria de un referéndum ilegal. Hablar de sedición es pura histeria.


En la frontera, el gobierno polaco, de extrema derecha, poco dado a políticas racionales y comedidas, sometido a multas por su deriva autoritaria, aprovecha la ocasión para llevar a la zona a cientos de policías y al ejército, declarar un estado de emergencia privando a ONGS y periodistas el acceso a ejercer derechos básicos, y reclama la intervención de la OTAN y de la UE, las cuales se ven obligadas a arropar a ese compañero de viaje tan incómodo que hasta hace un momento nos exasperaba con sus bravuconadas. De nuevo, pura histeria.


No es nuevo. Si repasamos el contexto completo del ordenamiento jurídico en la materia encontramos que esos tintes de descontrol emocional se encuentran por doquier: el afán de expulsar por una simple falta de permiso, la sujeción extrema a control de derechos a seres humanos, el trato degradante y humillante a seres humanos por el mero hecho de ser extranjeros, etc, lo atestiguará cualquiera que se haya acercado por estos fueros. El viejo círculo vicioso de fomentar el miedo para justificar las medidas que fomentan el miedo.


Responderán quienes – histéricos – lean estos argumentos, que lo que proponemos es abrir las fronteras de par en par. Lean, por favor. Sólo se pide proporción, comedimiento, racionalidad y LEGALIDAD. Si con nuestras leyes en las manos se hubiera respondido así, los señores del avión de Palma hubieran sido devueltos a Marruecos con un expediente sancionador rápido y a los 1000 de la frontera polaca se les hubiera atendido, escuchado en sus solicitudes de asilo, repartido por el extenso territorio de la Unión, y aquí paz y después gloria. Sólo la histeria hace ver que con ello estamos descontrolando nada ni abriéndole puertas al mar, si existieran.


Francisco SOLANS PUYUELO
Secretario Portavoz EXTRANJERISTAS EN RED

SILENCIO ANTE LOS CUATRO CUERPOS

https://www.eldiario.es/canariasahora/migraciones/tragedia-canarias-mueren-cuatro-migrantes-alcanzaron-costa-tenerife_1_6695927.html

https://elpais.com/espana/2021-01-05/han-matado-un-hombre-han-roto-un-paisaje.html

https://elpais.com/espana/2021-01-05/cuatro-fallecidos-a-bordo-de-un-cayuco-que-llego-a-una-playa-de-tenerife.html

Una vez más,y son… , la tragedia de la inmigración (¿fenómeno, problema, amenaza, avalancha, invasión?) nos deja su testimonio en el fondo de un cayuco: cuatro cuerpos, cuatro gritos, cuatro desesperaciones, cuatro vidas perdidas. Rabia, impotencia, indignación, no son respuesta adecuada. Ni siquiera buscar culpas ni responsabilidades, ya de sobra conocidas y repartidas, con nuestra propia cuota, con una parte especial de los que miran para otro lado o se ponen de perfil, o se sienten ridículamente amenazados – miserables, fanfarrones de pecho ufano, cobardes – y hablan de efectos llamada, y siembran plantas de odio con semillas de miedo.

Nada responde a esa pregunta cuya respuesta nadie sabe, nada es respuesta a la interpelación que la Historia nos deja en una playa, en el fondo de una barca. La torpe impotencia de nuestras autoridades delegando su participación en el crimen sobre hombros ajenos no refleja sino el absurdo de hablar ante esos cuatro cuerpos.

Los abogados extranjeristas nos sentimos interpelados, como parte de la sociedad, y por nuestra propia dedicación, cada vez que la inmigración revela su faz más trágica. No nos dejaremos pervertir en aquellos sepultureros insensibles que Shakespeare primero, Leon Felipe después, denunciaron, pero menos aún nos dejaremos aplastar por el silencio culpable, aunque en días como hoy en que la noticia nos abofetea, sólo podemos encerrarnos en el silencio aplastante de esos cuatro cuerpos.

Nos sumamos a cuantas iniciativas se convoquen en las islas, en la península, en Europa, en el mundo entero, para expresar todo lo que hay en ese silencio temporal, para llorar la rabia, para no dejarnos arrastrar a la indiferencia, para gritar mañana en defensa de los derechos de esos seres humanos que siguen llegando a nuestras costas y a nuestras fronteras, empujados por matanzas, hambre, miseria y desesperación que nos recuerdan tanto a las de nuestros abuelos, para que podamos seguir mirándonos al espejo, y para poder decir a nuestros nietos que nosotros mantuvimos nuestro respeto en silencio, pero no nos quedamos quietos ante esos cuatro cuerpos.

¿Está zanjada la cuestión de las expulsiones en caliente?

Publicado en Publico.es el 20/11/2020:

https://blogs.publico.es/otrasmiradas/40895/esta-zanjada-la-cuestion-de-las-expulsiones-en-caliente/

La primera impresión que se sacó en su día de la lectura de la nota de prensa del propio Tribunal y de los resúmenes que nos llegaban, fue descorazonadora. Tras una lectura cuidadosa y en profundidad de la Sentencia del Tribunal de Estrasburgo, sorprendente por cuanto revierte el juicio previamente hecho por la Sala de Instancia, seguimos descorazonados por muchas razones, pero vimos que nadie podía lanzar las campanas al vuelo: la sentencia ha repartido estopa por todas partes.

Mucho me temo que ocurra algo muy parecido con la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional, que pese a los avisos de que no estaba vinculado por la Sentencia de Estrasburgo, digamos que «se ha dejado vincular» de forma que viene a asumir prácticamente los mismos parámetros y condiciones de aquella otra sentencia.

Mientras tanto, los medios de comunicación, en su necesidad de resumir en un titular los asuntos que requieren muchas páginas, hablan de «aval» a las devoluciones en caliente. Sin embargo, no es ese «aval» un buen resumen, ni si quiera como síntesis forzada.

Ya Estrasburgo rompió una doctrina muy asentada y de forma muy peligrosa: los derechos humanos son universales y de todas las personas, independientemente de cuál haya sido su conducta. Si tanto Agamenon como su porquero tienen derecho a un abogado en un proceso penal, el mismo derecho tiene un terrorista que un roba-peras. Introducir la excepción de que una persona, por su conducta, se coloca en una posición de ilegalidad por la que deja de serle reconocido un derecho humano es algo que no puede dejar de chirriar a cualquiera con un poco de sentido del Derecho.

No obstante, conviene analizar esta postura, por rechazable que sea, pues tampoco es tan simple como se pinta, ni se puede considerar avalada sin más la Ley mordaza en ese punto de la legalización de las expulsiones en caliente. La denegación de protección que hizo Estrasburgo se funda sobre la base de unas condiciones que pueden ser consideradas desde una muy estricta observancia, y que constituyen sin duda elemento polémicos, primero de aquella Sentencia del TJUE, ahora en la medida en que han sido asumidas por el TCO, por éste.

Casi podemos adelantar la conclusión de que estas dos sentencias han venido a complicar más aun el problema jurídico, no a resolverlo.

Tanto Estrasburgo como la Sentencia interpretativa que en su día ya intuimos que iba a dictar el TCO establecen requisitos o condiciones de convencionalidad o de constitucionalidad. En una expresión que tanto nos gusta a los juristas «si, y solo si» se cumplen esas condiciones, las expulsiones en caliente son acordes al Convenio de Derechos Humanos o a la Constitución.

Pero si no se dan esas condiciones, seguirán siendo contrarias a ambos textos supremos de nuestro ordenamiento.

Esas condiciones no son otras que la existencia efectiva y real de varias alternativas para poder acceder legalmente a un puesto español donde pedir asilo. La existencia de esas condiciones hace legal que una persona que prefiera saltar una valla en lugar de acceder por uno de estos cómodos puestos puede ser rechazado sin más al otro lado de la valla. Se acerca mucho al «él se lo ha buscado» pero debe interpretarse más como una especie de «venga Ud. por la otra puerta», para lo cual, claro está, tiene que existir esa otra puerta y estar abierta. El argumento lo que hace es trasladar la discusión no tanto a si la expulsión en caliente es legal o ilegal, sino a si las condiciones que se den para poder acceder a medios de presentación de la solicitud de asilo pueden llegar a justificar desde ese otro punto de vista el «venga Ud. por la otra puerta».

El problema, desde esa perspectiva, se centra en una consideración de hecho: que en el momento y lugar de la aplicación de la devolución se cumplan esas condiciones, que hoy por hoy no se cumplen, más allá de los condicionantes concretos que podamos tener por causa de la pandemia.

La oficina de asilo que se abrió en Melilla en el puesto de Beni Enzar viene siendo desde que se creó absolutamente inaccesible a los subsaharianos. Ello se ha demostrado con estadísticas del propio gobierno español donde, en momentos de fuerte presión migratoria, accedieron a ese puesto 404 sirios, durante unos meses un total de seis subsaharianos, y en varios años, ninguno. La acusación a las autoridades marroquís de impedir el acceso por identificación racial (racismo, en román paladino), que se recoge por el Tribunal de Estrasburgo, resulta extravagante que porque no sea responsabilidad (directa, al menos) de las autoridades españolas, no afecte al caso, puesto que de lo que se trata no es de atribuir responsabilidades por ese hecho (que sí quedaría fuera de la jurisdicción española y hasta del propio Tribunal) sino de comprobar si es cierto o no que la oficina de Beni Enzar es inaccesible. Y así es – sea por responsabilidad de unos o de otros – de manera innegable.

La posibilidad de pedir asilo en embajadas españolas en el exterior no existe, al menos, desde la promulgación de la Ley de asilo de 2012. La inexistencia de un Reglamento de Desarrollo desde tal fecha está haciendo imposible la presentación de cualquier solicitud, con lo que la posibilidad es inefectiva e irreal.

Tan sólo ayer el Tribunal Supremo español, en una Sentencia cuya relación con la que nos ocupa no se nos escapa, viene a obligar a los consulados españoles a admitir solicitudes de asilo, cosa que hasta ayer no se hacía – por una curiosa interpretación del vacío legal – y veremos si a partir de mañana se consigue.

No es cierto, por tanto, que sean reales esos requisitos que convertirían en convencionales y constitucionales las devoluciones en caliente. Veremos si en un futuro cercano conseguimos que lo sean.

Las expulsiones en caliente, por tanto, tal y como se vienen aplicando conforme al texto de la Ley, siguen siendo ilegales, con ambas sentencias en la mano. Quizá podrán llegar a serlo cuando se haga posible acceder a los subsaharianos al puesto fronterizo donde pedir asilo y se vuelva a abrir la posibilidad efectiva de que pidan asilo en las embajadas y consulados. Mientras tanto, no.

Sorprende por tanto las apresuradas declaraciones procedentes del Ministerio del Interior de que se iban a seguir practicando, sintiéndose avalados por ambos altos Tribunales. La puerta a seguir reclamando contra las devoluciones en caliente sigue abierta, dado que lo cierto es que esas condiciones, hoy por hoy, son inexistentes.

Por otra parte, otras cuestiones importantes quedan por determinar.

El Tribunal Constitucional, y cualquier interpretación que se haga de nuestra normativa, estaba vinculado por ciertas afirmaciones, de carácter previo o preliminar, con las que el Tribunal de Estrasburgo rechazó la mayor parte de los argumentos con los que el gobierno español defendió su «aval» a este tipo de devoluciones:

  • No es presentable la doctrina de la frontera chicle, que con tanto arrojo como poca convicción defendió en su día el ínclito ministro Fernández Diaz, que afirmaba que la frontera comenzaba allí donde intervenían los agentes del estado. La Sentencia deja meridianamente claro que, una vez en la valla, la plena jurisdicción española y de sus autoridades está fuera de toda duda.
  • No es presentable, y queda igual de claro en el propio fallo, que los «rechazos en frontera» se les llame como se les llame, no sean expulsiones, a los efectos de la aplicación del Protocolo 4º, es decir, que se hace víctimas de ello a seres humanos sometidas a una actuación del estado español, y no cabe aducir que no lo sean, sobre excusas semánticas. Nótese que en este artículo ni tan siquiera utilizamos ya el término «devolución en caliente» que era el usual.
  • Los recurrentes agotaron todos los medios que se les pusieron para defender sus derechos, dado que precisamente uno de los derechos vulnerados es el del acceso a la tutela judicial efectiva si lo que se hace es recurrir a una pura actuación de hecho como es una expulsión en caliente. Al Tribunal Constitucional español le hubiera resultado muy difícil eludir este punto, y finalmente no lo ha hecho, con lo que a las dos condiciones que establecía el Tribunal de Estrasburgo articula una tercera:  debe respetarse y someterse al control judicial.

Ciertamente ello obliga a modificar radicalmente la práctica de lo que ha sido hasta ahora esos «rechazos en frontera», que no podrán hacerse ya más como una mera via de hecho, sino que deberán someterse a unas formalidades de identificación y examen de las personas sometidas a este procedimiento que permitan el sometimiento de la decisión a control judicial. La práctica desplegada hasta ahora es absolutamente incompatible con esa exigencia.

Por tanto, la cuestión dista mucho de estar zanjada. Puede que se mantenga el texto de la Ley, sí, pero la Sentencia del TCO obliga a incorporar a ésta una serie de condiciones materiales y formales que hoy por hoy no existen. De cómo se haga dependerá que la tensión se reproduzca, porque grande es la tentación de — lejos de hacerlo con limpieza y buena fe — intenta vendernos un cumplimiento inefectivo, a lo que la sociedad civil seguirá oponiéndose.

El derecho de extranjería o el reconocimiento mayor o menor de los derechos de los extranjeros en Europa, se viene configurando desde hace tiempo como una especie de laboratorio de restricciones de derechos. Desde esa perspectiva, las Sentencias aquí analizadas sientan un mal y muy peligroso precedente para todos nosotros, pues le da a los estados una receta muy fácil de seguir con la que «cocinar» nuevas restricciones de derechos, una receta que los extranjeristas conocemos bien: se pone previamente la situación en un adobo político de miedo y alarmismo; una vez bien empapada la opinión pública, y reconociendo nominalmente los derechos humanos, les ponemos unos requisitos aparentemente, pero sólo aparentemente, fáciles de cumplir (vg. tiene Ud que ejercer su derecho en persona y en determinada oficina, a la que, claro está, podrá acudir en horario de oficina sin ningún problema); el siguiente paso es poner esas condiciones – por vía ejecutiva, no legal, que queda muy descarado – en posición de imposible acceso: una valla alrededor, un gorila en la puerta, un horario super-reducido, una cita previa imposible…; a partir de ahí, el que se salte esas condiciones se estará colocando a sí mismo en una posición de ilegalidad que provoca que carezca de derechos. No digan que no les avisamos.

EN RESPUESTA A KARLOS CASTILLA: MULTA ANTES QUE EXPULSIÓN, SI.

CON LA INESTIMABLE COLABORACIÓN DE ANDRÉS CEBALLOS Y JOSE LUIS RODRIGUEZ CANDELA.

Sin ánimo de polemizar, antes al contrario, de que los que estamos de acuerdo previamente no nos perdamos en disquisiciones que acentúen más las pequeñas diferencias que las grandes coincidencias, debemos responder al compañero Karlos Castilla, el cual en su artículo, publicado en Eldiario.es este 19 de octubre (https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/multa-expulsion-ojala_129_6299048.html) venía a dejar en un simple “ojalá” la opción por la multa antes que por la expulsión que ha venido a recuperar la pasada sentencia de 8 de octubre del TJUE.

Según su tesis, de la que compartimos algunas cosas, la sentencia no viene a cambiar gran cosa, sino a recordar simplemente que la Ley española debe ser cambiada para armonizarla con la Directiva, que según su interpretación de la Sentencia del TJUE de 23 de abril de 2015, no daría más opción que la expulsión para la estancia irregular.

Creemos que la visión del compañero adolece de una visión de conjunto y en un loable afán de rigor jurídico, olvida una mayor conexión con la realidad.

En primer lugar, no cabe olvidar el contexto ideológico y social en que se produce la polémica, que excede con mucho a un pretendidamente aséptico mundo jurídico conjugado en clave exclusiva de racionalidad. Se olvida de la historia, del relato, que acompaña a esta polémica, y otorga una claridad contundente a aquello que dista mucho de estar ni aproximativamente definido.

Es cierto que el punto de partida jurídico no es sino una pregunta judicial hecha desde una perspectiva muy técnica, que ha obtenido la respuesta esperada, superando la situación creada por una pregunta judicial planteada desde una perspectiva ideológicamente muy sesgada, que asimismo obtuvo la respuesta que quien planteó la pregunta esperaba, pero creando muchos más problemas y abriendo muchas más cuestiones de lo que resolvía. Una de las claves de aquella pregunta es que mentía en su planteamiento, y presentaba como que la Ley española hacía la multa y la expulsión como “optativas y excluyentes entre sí”, cuando lo que son es “preferencial la primera y sucesiva la segunda”, tal y como consagraba desde una interpretación literal e integradora de los derechos fundamentales la Jurisprudencia del Supremo hasta esa fecha.  

Recordemos: a partir de 2005 el Tribunal Supremo consagra una interpretación de la Ley de Extranjería en la que se prevé para la estancia irregular tanto multa como expulsión, la sanción más grave sólo se puede aplicar – desde el principio de proporcionalidad constitucionalmente consagrado – si existen agravantes claros.

Esta doctrina no fue seguida uniformemente, y se formaron dos frentes, ejemplo claro de lo que se habla cuando nos referimos a jueces progresistas y conservadores. No, no hablamos solo de que convenga colocar a éstos — más amiguetes – por encima de aquellos para que juzguen la gurtel, la kitchen, y otras felonías del partido conservador. Se trata, entre otras muchas cosas, de casos como este: de si darle o no una mayor importancia a los derechos humanos en la resolución de los casos concretos y cotidianos. Si dejarse contaminar por un socialmente rampante conservadurismo racista o si mantenerse incólumes ante él y tratar a todos los seres humanos como seres humanos.

Los jueces progresistas aplicaron la proporcionalidad y dictaron sentencias de multa, en tanto los conservadores se inventaron las agravantes para seguir aplicando expulsiones a mansalva. Ello a falta de un recurso de casación para unificación de doctrina que entonces aún no existía — el Supremo había perdido entonces la competencia de la casación en asuntos de extranjería, lo cual no impidió a su gabinete técnico dicta instrucciones interpretativas de la sentencia — salvo muy restringidamente. Y se les veían muchas ganas, debo añadir. Tantas, que a partir de la Sentencia citada de 23/04/2015, provocada, como he dicho, por una pregunta sesgada y malintencionada, las campanas se alzaron al vuelo para proclamar la mano dura y el entierro de la proporcionalidad con los extranjeros “ilegales”.

Sin embargo, de esa sentencia –que como he dicho planteaba más problemas que soluciones – se hicieron con fundamento hasta nueve interpretaciones distintas, nueve.

Ya en el Encuentro de extranjería del  Consejo general de la Abogacía en Málaga a finales de mayo de 2015, por los autores de este articulo entre otros, se alzaron voces en contra de la interpretación que venía a derogar la proporcionalidad de la Ley y que abogábamos por una interpretación de la sentencia más acorde con los elementos básicos del ordenamiento jurídico de la Unión: no puede el estado incumplidor, que habría transpuesto indebidamente la directiva, aprovecharse de esa circunstancia y aplicar directamente la directiva en contra de un administrado.

Como decía nuestro malogrado amigo Ángel Chueca, profesor de Internacional Privado en Zaragoza, las Directivas son “constitucioncitas”, es decir, leyes marco, que no regulan nada concreto, sino que marcan los límites a donde puede llegar, por arriba, abajo, izquierda y derecha, las leyes que hagan los países de la Unión. Tal y como nos sobran los ejemplos, si una ley española vulnera la Constitución, los tribunales tienen la posibilidad y obligación de aplicar ésta por encima de la Ley. Y lo mismo las Directivas, pero con una salvedad: si la Directiva es alegada por el ciudadano en contra de la Ley del estado, sí, pero si es al revés, y el estado pretende alegar la Directiva para ser aplicada en contra de su propia ley, dicha alegación es ilegítima y debe ser ignorada, aplicándose la Ley del estado.

También defendimos desde el primer día – por acuerdo de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía – que la interpretación más adecuada no supone sino traducir adecuadamente la Sentencia. Por no extendernos mucho, la Directiva llama “expulsión” a lo que nuestra ley llama “salida obligatoria” (que siempre acompaña a la multa) y nuestra ley llama “expulsión” a lo que en la Directiva se llama “expulsión forzosa”. Si se hace una lectura en esa clave se descubre que no sólo la Sentencia del TJUE no se opone a una aplicación proporcionada de la Ley — es más, la exige – y se entiende mucho mejor la armonía entre ambas Sentencias del TJUE.

Por tanto no es cierto, como dice el compañero Karlos, que la Sentencia del 2015 declare contrario al Derecho de la UE lo que él llama “el sistema multa o expulsión”, y es menos cierto aún que “todo lo que se encuentre dentro de ese sistema no se debe/puede aplicar”.

Lo cierto es que la nueva Sentencia lo “único” que hace es “solo” desautorizar al Tribunal Supremo por cuanto a éste se le ha planteado en repetidas ocasiones la misma tesis que la Sentencia canoniza, y en todas la ha despreciado, a veces con cajas destempladas. Esa tesis es la de que la aplicación directa de las Directivas no tiene efecto inverso. Dicho así parece simple, y en el fondo lo es, si se explica bien. No parece poca cosa.

Si nos ceñimos única y exclusivamente a esa perspectiva, el artículo del compañero Castilla sería un análisis ciertamente certero y técnico, pero nos tememos que no es esa la perspectiva adecuada, y por tanto no se extraen de ellas las consecuencias adecuadas.

La principal consecuencia que parece extraerse es que “lo correcto es trasponer la norma europea en el sistema jurídico nacional”, algo a lo que –según Castilla – el TJUE está “invitando” a hacer al legislador español, como si la Ley española no se adecuara ya a la Directiva. También el Consejo Europeo reunido en Viena en 2019 pretende esa reforma regresiva. Y mientras tanto – siempre según su interpretación — la proporcionalidad no se podría aplicar por ser contraria al derecho de la UE. Un oxímoron o un disparate: un derecho humano no sería aplicable por exigencia de la cuna de los derechos humanos.

Apela Karlos – que espero me permita tratarle con esta confianza — a una complejidad en relación a los temas migratorios que sin embargo no aplica a su dictamen, y termina su artículo con unos “ojalá” que compartimos, pero que vemos más cercanos de lo que los ve él, reprochando implícitamente a quienes luchamos por hacerlos más efectivos y defendibles de “crear falsas expectativas que sólo generan más frustración y desánimo”. Quizá si alguno de nosotros hubiera pensado así no hubiera acompañado a los compañeros de Castilla la Mancha que animaron a su Tribunal Superior a plantear la pregunta, no hubiéramos teorizado sobre ella ni la hubiéramos extendido, y evidentemente no se habría planteado.

Ahora bien, reconocemos que pone el dedo en la llaga al mencionar ese punto de análisis: complejidad vs. simplicidad. La introducción de los derechos humanos como fuente de la que manan no sólo todos los derechos, sino todo el Derecho, implica una mayor complejidad y un mayor esfuerzo en el acercamiento a la realidad que deben hacer los agentes jurídicos. Y el mejor ejemplo de ello es precisamente la aplicación a toda sanción, sea la que sea, por cualquier infracción, sea la que sea, del principio de proporcionalidad, que como se ha cansado de repetir el TJUE implica tener en cuenta todos los factores en juego, y no tan sólo y únicamente el simple, fácil, moliente, autorreferencial, cómodo, y manido factor de la estancia irregular.

Finalmente debemos recordar que existe otra cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Contencioso administrativo número 15 de Barcelona y ya varios juzgados — en apenas dos semanas — han aplicado la Sentencia del TJUE de 8 de octubre para anular una expulsión sustituyéndola por multa Esa nueva cuestión quizá facilite la oportunidad al TJUE de matizar todos estos puntos.

Firmado:

Andrés Ceballos y  Jose Luis Rodriguez son miembros de la Asociación de Abogados Exrtranjeristas y Francisco Solans Puyuelo es vicepresidente y portavoz de la misma Asociación.